Mas de 150 organizaciones piden comparecer ante la Comisión del Pacto de
Toledo
Ayer, jueves 26 de marzo a las 12 horas, 20 representantes de organizaciones pertenecientes a la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones (MERP) mantuvimos una reunión en la Defensoría del Pueblo con el Adjunto Primero, Francisco Fernández Marugán, y la Adjunta Segunda, Concepció Ferrer i Casals. Soledad Becerril, que estaba previsto que presidiese la reunión, disculpó su ausencia. La Defensora del Pueblo comparecía ayer también en el Congreso de los Diputados.
Durante la reunión los miembros de la MERP trasladaron a la Defensoría del Pueblo los resultados de las reuniones mantenidas con los grupos parlamentarios (con el PP, el PSOE, CiU, La Izquierda Plural, y UPyD, además de con diputados de ERC, Amaiur, BNG, Coalición Canaria, UPN y Compromís) además de los de la mantenida con los grupos parlamentarios canarios en Santa Cruz de Tenerife (con Coalición Canaria, PSOE y PP).
Los diferentes grupos parlamentarios se han comprometido con la MERP a convocar la Comisión del Pacto de Toledo para que la plataforma pueda exponer sus reivindicaciones.
Además de hacer entrega de 170 mil nuevas firmas, con lo que la plataforma ha superado el medio millón de firmas en la tercera reunión con la institución, la MERP se ha solicitado a la Defensoría del Pueblo que traslade también al Congreso la solicitud de comparecencia en el Pacto de Toledo, “porque consideramos a la Defensoría nuestra interlocutora”, pero también “porque hace falta voluntad ciudadana, como hace la MERP, pero también voluntad política institucional. Y en eso les pedimos que nos ayuden”.
Los miembros de la MERP, que está ya formada por 155 organizaciones y 100 personalidades, hemos sido felicitados por el Adjunto Primero y la Adjunta Segunda por haber conseguido reunir a organizaciones tan diferentes en defensa de las pensiones públicas. La MERP defiende el blindaje constitucional de las pensiones públicas mediante un artículo que prohíba su privatización de forma expresa y proteja su poder adquisitivo. Pero también, para conseguir este objetivo, la unidad sin distinción de ideologías, credos o siglas partidistas, y las relaciones democráticas y de trato entre iguales entre las organizaciones.
Ayer, jueves 26 de marzo a las 12 horas, 20 representantes de organizaciones pertenecientes a la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones (MERP) mantuvimos una reunión en la Defensoría del Pueblo con el Adjunto Primero, Francisco Fernández Marugán, y la Adjunta Segunda, Concepció Ferrer i Casals. Soledad Becerril, que estaba previsto que presidiese la reunión, disculpó su ausencia. La Defensora del Pueblo comparecía ayer también en el Congreso de los Diputados.
Durante la reunión los miembros de la MERP trasladaron a la Defensoría del Pueblo los resultados de las reuniones mantenidas con los grupos parlamentarios (con el PP, el PSOE, CiU, La Izquierda Plural, y UPyD, además de con diputados de ERC, Amaiur, BNG, Coalición Canaria, UPN y Compromís) además de los de la mantenida con los grupos parlamentarios canarios en Santa Cruz de Tenerife (con Coalición Canaria, PSOE y PP).
Los diferentes grupos parlamentarios se han comprometido con la MERP a convocar la Comisión del Pacto de Toledo para que la plataforma pueda exponer sus reivindicaciones.
Además de hacer entrega de 170 mil nuevas firmas, con lo que la plataforma ha superado el medio millón de firmas en la tercera reunión con la institución, la MERP se ha solicitado a la Defensoría del Pueblo que traslade también al Congreso la solicitud de comparecencia en el Pacto de Toledo, “porque consideramos a la Defensoría nuestra interlocutora”, pero también “porque hace falta voluntad ciudadana, como hace la MERP, pero también voluntad política institucional. Y en eso les pedimos que nos ayuden”.
Los miembros de la MERP, que está ya formada por 155 organizaciones y 100 personalidades, hemos sido felicitados por el Adjunto Primero y la Adjunta Segunda por haber conseguido reunir a organizaciones tan diferentes en defensa de las pensiones públicas. La MERP defiende el blindaje constitucional de las pensiones públicas mediante un artículo que prohíba su privatización de forma expresa y proteja su poder adquisitivo. Pero también, para conseguir este objetivo, la unidad sin distinción de ideologías, credos o siglas partidistas, y las relaciones democráticas y de trato entre iguales entre las organizaciones.
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